La sanidad española se presenta con frecuencia como uno de los grandes pilares del estado del bienestar, un sistema robusto, universal y garante de equidad, pero esa imagen pública convive con una realidad interna mucho más frágil, en la que el funcionamiento cotidiano depende menos de la planificación estructural que de la resistencia acumulada de sus profesionales, que trabajan de forma sostenida en condiciones que rozan de manera habitual el límite de lo razonable.
No es una excepción que un médico termine una guardia de más de veinte horas y deba reincorporarse inmediatamente a su actividad ordinaria, prolongando su jornada hasta la tarde sin solución de continuidad, ni lo es que ese mismo profesional, en un contexto de fatiga extrema, entre en quirófano de madrugada junto a un equipo igualmente exhausto, donde la precisión técnica y la toma de decisiones se ven inevitablemente condicionadas por el desgaste acumulado. En esas circunstancias, lo que en condiciones ideales sería una intervención de baja complejidad puede transformarse en un escenario crítico, no necesariamente por falta de competencia, sino por la erosión progresiva de las condiciones humanas necesarias para ejercerla.
Cuando el desenlace es adverso, el sistema tiende a encuadrarlo dentro de categorías conocidas como la complicación o la imprevisibilidad clínica, pero rara vez se analiza con la misma profundidad el contexto estructural en el que esos eventos se producen, particularmente el impacto de la fatiga prolongada y la sobrecarga asistencial. El resultado es una tendencia a individualizar lo que en muchos casos es sistémico, trasladando la carga del fallo a la persona en lugar de interrogar las condiciones que lo hacen posible.
El impacto de esta dinámica es especialmente evidente en los profesionales jóvenes, que se enfrentan a su primera experiencia de muerte en quirófano sin un marco real de contención o elaboración emocional, ya que la continuidad asistencial no permite pausas significativas para procesar lo ocurrido, y se les exige una normalización inmediata de lo excepcional, como si la experiencia no tuviera un coste psicológico asociado.
Frente a ello, el sistema podría operar bajo lógicas radicalmente distintas si incorporara de forma efectiva principios básicos de organización del trabajo sanitario: descanso adecuado, planificación realista de la carga asistencial y condiciones que permitieran el ejercicio profesional en un estado óptimo de rendimiento cognitivo y físico. Sin embargo, lo que se ha consolidado es un modelo en el que la estabilidad del sistema depende de la capacidad individual de resistencia más que de la calidad de su diseño organizativo.
A este elemento estructural se suma una realidad frecuentemente invisibilizada: la sanidad funciona en la práctica como un sistema de interdependencia real entre profesionales de distintos niveles, médicos, enfermeros y técnicos, cuya coordinación cotidiana sostiene la actividad asistencial más allá de los marcos normativos o discursivos. Sin embargo, esa cooperación no siempre se ve reflejada en los relatos institucionales, que tienden a simplificar la complejidad del trabajo bajo conceptos como multidisciplinariedad o atención centrada en el paciente, útiles en el plano declarativo, pero insuficientes para describir la presión real del entorno clínico.
El sistema no funciona porque esté perfectamente diseñado, sino porque sus profesionales lo hacen funcionar, incluso cuando las condiciones no son las adecuadas. Y en ese sentido, la experiencia acumulada en los distintos niveles profesionales compensa en muchas ocasiones la falta de actualización normativa o la rigidez institucional, especialmente en ámbitos técnicos cuya regulación permanece desfasada desde hace décadas.
Esta lógica no es exclusiva del ámbito sanitario. También se extiende a la relación entre ciudadanía e instituciones, donde quienes financian el sistema no participan de forma efectiva en la definición de sus prioridades, generando una distancia progresiva entre el esfuerzo económico colectivo y la capacidad real de decisión sobre su destino, ya sea en sanidad, educación u otras áreas estructurales del Estado.
El sistema educativo, por su parte, reproduce en parte esa desconexión, con itinerarios formativos que en algunos casos parecen alejados de las necesidades reales del entorno social y laboral, generando trayectorias académicas cuya utilidad práctica resulta difícil de vincular con la estructura productiva o institucional del país.
En este contexto, la pandemia no hizo sino amplificar estas tensiones preexistentes, poniendo de relieve la fragilidad de los mecanismos de decisión, la opacidad de ciertos procesos técnicos y la dificultad de adaptación de estructuras que operan con ritmos más lentos que los problemas a los que deben dar respuesta.
La conclusión es, por tanto, difícil de eludir: la sanidad funciona, pero lo hace apoyada en la resistencia humana más que en la eficiencia estructural. Y un país que depende de forma sostenida de la heroicidad cotidiana de sus profesionales no puede considerarse un sistema plenamente robusto, sino un sistema que sobrevive gracias a la capacidad de sus trabajadores para sostener lo que, en términos organizativos, debería sostenerse por sí mismo.